La consulta popular dispuesta en los artículos 103 y 105 de la Constitución Política y desarrollada en el Capítulo V de la Ley 134 de 1994 (artículos 50 a 57 y en los artículos 30 y siguientes de la reciente Ley Estatutaria que regula la promoción y protección del derecho a la participación democrática 4) ha sido utilizada como un mecanismo de participación ciudadana para oponerse a los proyectos mineros desarrollados en las entidades territoriales. Los mecanismos de consulta popular en los departamentos y municipios, según el artículo 55 de la Ley 134 son obligatorios y sirven como una forma de manifestación ciudadana que refuerza la efectividad y puesta en práctica de la llamada democracia participativa. La consulta popular relacionada con la oposición a proyectos de minería se puso