En los años más recientes, la litigación en la jurisdicción contencioso-administrativa se ha
visto afectada por dos reformas importantes: un cambio en el criterio de la imposición de
costas procesales en 2011 y la ampliación, por primera vez, del pago de las tasas judiciales
a las personas físicas en 2012. Este artículo estudia los efectos que produjeron ambas
iniciativas en la litigiosidad del orden contencioso-administrativo y en la congestión de sus
juzgados tanto para el conjunto de procesos entrantes como por materias (desde los casos …